El análisis de la aptitud de los mecanismos legales diseñados para ayudar a las empresas en dificultades, supone centrarnos en el concurso de acreedores, del que todo el mundo habla y nadie conoce.
Se dice que es un recurso de última hora, que las propias empresas no creen en él como medida de continuidad, y de hecho no acompañan la mayoría plan de viabilidad, condenándolas sus propios gestores a la liquidación. Esto es cierto a medias.
Verdaderamente, es una figura diseñada para las empresas medianas y grandes. Su acceso está vedado “de facto” para las pequeñas y para los autónomos, fundamentalmente por su elevado coste.
Circunstancia que condena por sí sóla la normativa vigente, ya que nuestro tejido empresarial lo constituyen autónomos y pymes.
Obligado resulta por tanto desarrollarla convenientemente sobre la base existente, al efecto de adecuarla a nuestra realidad, en lugar de aspirar a imitar modelos de países con los que nada tenemos que ver.